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Estimado (a) señor (a) periodista:
Esperamos que esta información sea de su interés para su
publicación
Por Renato
Consuegra/Expediente Público
Cinco funcionarios de PEMEX Exploración y Producción que
debieron ser sancionados desde el 8 de abril de 1999, serían
responsables del incumplimiento de las metas volumétricas del
Proyecto Integral Cuenca de Burgos en la zona fronteriza de los
estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en el norte del país,
que obligó a postergar para el año 2004 las metas iniciales
marcadas para 2001, y además ahora se encuentran realizando
jugosos negocios en la región sur, con sede en Villahermosa,
Tabasco.
Los funcionarios son Maclovio Yánez Mondragón, entonces
subdirector de PEP; Armando Arroyo Machado, Gerente de
Administración y Finanzas; Arturo Sánchez Cuesta, subgerente de
Contratos; José Cruz de León Mojarro, gerente de Perforación y
Mantenimiento de Pozos; y Luis Alejandro Vázquez Vázquez,
supervisor de Obra. Información en poder de estacolumna, destaca
que “puesto que a la fecha (noviembre de 1999) no se ha
tenido el éxito esperado en las actividades de rejuvenecimiento
de otros campos maduros ni en las actividades exploratorias (se)
obliga a postergar para el año 2004 la meta de producción de 1
mil 400 millones de pies cúbicos diarios de gas natural prevista
para el año 2001”, y afirma que el 80 por ciento de la
producción se concentra en sólo tres campos: Arcabuz-Culebra-Peña
Blanca, Arcos y Cuitláhuac.
Las fallas provocadas en la exploración del proyecto de Burgos
ocasionó que el programa no fuera lo competitivo que se
esperaba, lo cual provocó que la inversión se triplicara y el
horizonte de explotación se incrementara de 12 a 16 años.
Estas irregularidades provocaron que la inversión de 19 mil
millones de pesos llegara casi a 60 mil millones de pesos, y la
consecuente alza en el precio del gas del 150 por ciento provocó
el cierre a mediados del año 200 de la empresa regiomontana
Hylsamex y el amago de otras.
Los funcionarios de PEMEX tomaron medidas urgentes con el fin de
abaratar los costos y al realizar una revisión, de acuerdo con
la nota informativa SC/28/2000 del 8 de mayo de 2000, dirigida
por Álvaro Molina a Carlos Rasso Zamora, encontraron que “la
Subdirección de la Región Norte hizo un monitoreo de mercado de
los precios de los servicios que se están dando en pozos del
Valle de Texas y cuestionó a UPMP (la Unidad de Perforación y
Mantenimiento de Pozos) sobre la razón de que los pozos
estuvieran saliendo más caros en México y qué acciones estaban
emprendiendo para mejorar en lo general este concepto”.
Las acciones inmediatas de carácter técnico fueron reducir la
capacidad de los equipos proyectados inicialmente porque “la
tendencia es que en los próximos años se requerirá perforar más
de 250 pozos por año; tan sólo en el programa del 2000 de un
original de 167 pozos se proyecta perforar 227”.
En la nota informativa mencionada se destaca que atención
especial merece el comentario del subdirector Maclovio Yánez
Mondragón respecto a que “si no sería mejor alquilar
equipos adecuados para perforar los pozos en vez de estar
subutilizando equipos tan grandes de nuestra institución”.
De acuerdo con el documento del Órgano de Control Interno de
PEMEX Exploración y Producción, firmado por Alonso Araoz de la
Torre, los funcionarios señalados se harían merecedores de las
sanciones dispuestas en el artículo 56 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, fracciones I y II,
que expresan, la primera, el apercibimiento, la amonestación y
la suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no
menor de tres días ni mayor de tres meses; y la segunda, la
destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos.
* * *
Alejandro Gertz Manero ha realizado declaraciones desde hace
varios meses donde dejó muy claro que las leyes en México están
hechas para servir al poder político y económico, pero no para
crear y asegurar condiciones de igualdad y justicia entre los
mexicanos. Y toma sentido recordar esta frase porque el propio
Gertz Manero realizó una denuncia penal en contra del almirante
Wilfrido Robledo Madrid y el ingeniero Genaro García Luna,
cuando ambos eran los jefes máximos de la Policía Federal
Preventiva, en el último tramo del gobierno de Ernesto Zedillo,
y quienes fueron investigados por la Secretaría de la Contraloría
ya en éste sexenio por la compra presuntamente irregular de
helicópteros para la corporación policiaca.
El caso es que García Luna trabaja como Director General de la
Agencia Federal de Investigación (antes Policía Judicial
Federal) desde el inicio de la gestión del general Rafael Macedo
de la Concha como Procurador General de la República, y nunca se
le separó del cargo en tanto era o es investigado por la
Contraloría Federal. En cambio, el pasado 25 de marzo de 2002,
el citado funcionario firmó el acta de suspensión temporal del
empleo, cargo o comisión en contra del segundo subcomandante de
la Policía Judicial Federal, José Porfirio Cruz Aguiñaga,
“para la debida celeridad, conducción, conducción y
continuación tanto de las investigaciones de la irregularidad
que se le atribuye, como del procedimiento” de remoción a
que es sujeto.
Es un requisito expresado en la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República que para permanecer como integrantes del
cuerpo policial los agentes tienen la obligación de cubrir el
requisito de abstenerse de hacer uso o consumo ilícito de
sustancias psicotrópicas, estupefacientes y otras que produzcan
efectos similares ni padecer alcoholismo. En el caso de Cruz Aguiñaga
le resultó positiva la prueba antidoping, al encontrársele
residuos de benzoilecgonina, principal metabolito de la cocaína.
La función que realizan los policías es considerada de orden público
e interés general, por lo cual a quienes tienen este tipo de
adicciones se les remueve de sus puestos, “ya que a la
sociedad no le interesa ni le conviene” mantener en la labor
de policía a individuos que no tengan sus condiciones físicas e
intelectuales aptas para el desenvolvimiento de su encargo.
Sin duda, tales elementos deben ser eliminados de las funciones públicas,
por cuanto que ponen en riesgo a la misma sociedad. Pero también
debemos preguntarnos si la gravedad de esta situación de
dependencia a las drogas es tal como para que un agente sea
suspendido mientras se comprueba su responsabilidad en los hechos
que se le imputan, es decir, si la sola presunción es motivo de
castigo, en tanto que en el caso del titular de la Agencia
Federal de Investigación (AFI), García Luna, quien
presuntamente fue investigado de un acto de corrupción, no se le
suspendió temporalmente de su cargo, situación que le posibilitó
tener cierta influencia dentro de las áreas de investigación de
su propio caso.
* Renato Consuegra es periodista con 20 años de experiencia. Ha sido ganador del Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí que otorga la agencia cubana Prensa Latina, además coordinador de la oficina en el DF de Siglo 21 de Guadalajara, editor de Política y Sociedad en El Economista, coordinador de Reportajes de Investigación en México HOY, reportero de Asuntos Especiales en Radio 13 y actualmente director de la agencia de información especial, Expediente Público.