Sin control alguno, continúa la corrupción gubernamental
¿Y el contralor interno de la Presidencia de la República?

Investigan desvíos por 300 millones de dólares en Pemex

Hace unos días se publicaron los índices de percepción de corrupción en el mundo, por parte del organismo Transparencia Internacional, en los que se ubica a Chile como el país menos corrupto de América Latina y le dan el lugar número 18 con una calificación de 7.5, que lo pone arriba de países como Alemania, Japón, España, Francia y Bélgica, mientras que México está en el fondo con una calificación de 3.7 en la escala de 1 al 10, aun por debajo de Colombia, Brasil, Perú, Costa Rica y Uruguay.

Pero para entender lo anterior, hay que decir que gran parte de la corrupción que mantiene a México sumido en una crisis de credibilidad e imagen se encuentra en el ciclo de adquisiciones y servicios contratados por los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Preocupada por ello, la Secretaría de la Contraloría solicitó a principios de año que las contralorías internas en dependencias y entidades de la administración pública federal modifiquen sus programas anuales de control y auditoría, con el fin de reforzar las revisiones en las áreas identificadas como críticas o sujetas de alto riesgo de corrupción.

Como resultado de ese trabajo, la secretarías de Estado y las entidades paraestatales, conjuntamente con los órganos internos de control, identificaron como el principal problema las adquisiciones y servicios que contrata el gobierno federal, por lo que la Subsecretaría de Normatividad y Control de la Gestión Pública de la Secodam, a cargo de Alejandro Torres Palmer, tuvo el acierto de integrar en los programas de trabajo auditorías a esas zonas críticas.

Pero la sorpresa fue cuando se analizó el marco jurídico de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en donde su artículo primero transitorio señala que esa ley entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial, es decir, el 4 de marzo del 2000, mientras que el artículo cuarto transitorio indica que el Ejecutivo expedirá el reglamento de la ley en un plazo no mayor a 120 días naturales, fecha que se venció coincidentemente el 2 de julio del 2000, día de la jornada electoral cuando Vicente Fox ganó la Presidencia de la República. Es decir, que el entonces presidente Ernesto Zedillo y su equipo de gobierno omitieron premeditadamente elaborar a finales del sexenio el reglamento que permitiera combatir la corrupción priísta en el gobierno federal que ellos entregaban a la administración panista.

Así, una investigación jurídica revela que de conformidad con el artículo séptimo de la LAASSP son las secretarías de Hacienda, de Economía y de la Contraloría las facultadas para interpretar la ley en cuestiones administrativas. Aunque será la Secodam la que dicte las disposiciones que sean estrictamente necesarias para la aplicación de las disposiciones administrativas que permitan el adecuado cumplimiento de dicha ley.

Entonces, los esfuerzos para combatir la corrupción en la administración pública federal por parte del contralor Francisco Barrio, del subsecretario Alejandro Torres Palmer y del director general de Auditoría, Roberto Muñoz Leos, serán insuficientes por la falta de un reglamento a una ley que es clave en la lucha contra la corrupción.

Esto debe investigar Francisco Barrio para determinar si hay alguna responsabilidad administrativa o penal en contra del ex presidente Ernesto Zedillo, del ex secretario Arsenio Farell y del ex titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la Secodam, Antonio Sheleskey Farah, quien acaba de ser rescatado por Santiago Levy en el IMSS por presunta negligencia e incumplimiento al artículo cuarto transitorio de la LAASSP, el cual fue violado por esos funcionarios.

El contralor interno de Los Pinos

Al estilo foxista, el contralor Francisco Barrio promete y no cumple, lo que ha reducido su credibilidad a los niveles de Vicente Fox. El motivo es que cuando Barrio tiene un micrófono enfrente, anuncia que "en los próximos días" habrá sorpresas en el combate contra la corrupción, pero hasta ahora la sociedad sigue en espera de los nombres de funcionarios corruptos que hayan causado cuantiosos daños al erario federal, más allá del caso "toallagate" que fue descubierto por la prensa y no por la Contraloría, así como las medidas para evitar que el desvío de recursos continúe en el gobierno actual, pues de lo contrario no se justifica el enorme gasto que causa a los mexicanos mantener el costo de una Secretaría de Estado que lo único que hace es proteger al Ejecutivo.

Entre las muchas cosas que aún necesita aclarar el contralor Francisco Barrio, es explicar en dónde estaba el contralor interno de la Presidencia de la República cuando se realizaron onerosos gastos en la remodelación de Los Pinos y en el menaje de las "cabañitas" en donde vivirán Vicente Fox, Martha Sahagún y Ana Cristina. Algunas fuentes gubernamentales aseguran que quien se desempeñaba como contralor interno de la Presidencia, el contador público Samuel Zambrano, habría renunciado en el primer trimestre del gobierno foxista porque se negó a justificar la violación de reglamentos y normas para el gasto excesivo en Los Pinos. Hay que aclarar que Zambrano se desempeñó como contralor interno durante el gobierno de Ernesto Zedillo, razón por la cual también resultaba incómodo para los nuevos funcionarios de la Presidencia de la República y por eso el contralor interno de la Secodam, Rosendo Villarreal, aceptó de inmediato su separación.

De tal manera que cuando se descubre el "toallagate" en Los Pinos, la vigilancia se había diluido en la Presidencia de la República ante la complacencia de la Secodam, y todos hacían lo que querían con el presupuesto asignado. Por ejemplo, alguien sabe a cuánto ascendió el costo del metro cuadrado por la remodelación de las "cabañitas", porque hay quien dice que el precio ascendió a cerca de 30 mil pesos, cuando en realidad debió costar la mitad. Bueno, hasta a las piedras que adornan el camino que conduce a las "cabañitas" les elevaron el precio, al gastar 20 pesos en lugar de 50 centavos por cada piedra que se pisa en Los Pinos.

Cadereyta, a investigación

Al margen de las posibles prácticas de corrupción que investiga la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, los participantes en el consorcio que participó en el desarrollo de algunas fases de este proyecto (Siemens, Tribasa y la coreana Sunkiong) ofrecen una explicación que busca justificar los costosos retrasos que registró esta obra de infraestructura.

Resulta que las millonarias inversiones que se destinaron no han podido aprovecharse, debido a que Petróleos Mexicanos no ha alcanzado un acuerdo con un grupo de propietarios ejidales, con lo que varias de las conexiones con Coatzacoalcos, a más de 800 kilómetros, se encuentran prácticamente detenidas. Los problemas se agravaron a partir de la crisis de capitalización que enfrentó la constructora Tribasa y que le impidieron avanzar en tiempo y forma para cumplir con los avances a los que se había comprometido el consorcio en el que participaba con Siemens y Sunkiong. Mientras la compañía alemana Siemens, uno de los principales clientes del intermediario Jaime Camil, participaba como socio tecnólogo para concluir la modernización de las instalaciones, Sunkiong tomó la decisión de buscar otros contratistas para remplazar a Tribasa. Sin embargo, las constructoras mexicanas alternas percibieron la urgencia del trabajo y simplemente elevaron sus tarifas en dos o a hasta en tres veces el costo promedio. Así, los contratistas de Pemex refieren cómo en Cadereyta hasta la soldadura se convirtió en un insumo de primera necesidad con importantes incrementos de precios. Para Sunkiong esto permitió la justificación de la llegada de cientos de trabajadores coreanos para la construcción. En las obras de Cadereyta se generó una gran anarquía, problemas de seguridad, juego y hasta violencia, mientras los coreanos se dedicaron a construir, no sabemos si con cargo al erario, hasta una cancha de tenis para aprovechar el tiempo libre. Entonces la participación de Tribasa en estas obras generó muchos problemas a Siemens, Sunkiong y Jaime Camil, quienes tendrán que responder a cada una de las interrogantes que les planteará la Secodam en los próximos días, pues hay la percepción de que hubo cuantiosos desvíos de recursos que podrían alcanzar los 300 millones de dólares, ante la complacencia, ¿o será complicidad? del ex director Jaime Mario Willars.

Puntos suspensivos...

1. Los próximos días serán claves para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Todo parece indicar que el asunto del conflicto de interés que enfrentan los vocales independientes podría costarle la cabeza a alguno de ellos: Adalberto Palma, Alejandro Creel Cobián y Humberto Murrieta. Sin embargo, varios de los detractores de los vocales independientes tampoco están libres de toda culpa. Por ejemplo, Gabriel Reyes Orona, actual procurador fiscal, tendrá que dejar en claro que no enfrenta una situación similar, pues también habría participado de manera activa en el rescate de bancos. Un ejemplo de ello es que su firma aparece en documentos que han generado una gran controversia en torno de este asunto. Por eso, algunos legisladores sostienen que Reyes Orona no debería jugar este papel o hacerlo como autoridad persiguiendo delitos de "cuello blanco". Por cierto, también esta semana el secretario ejecutivo del IPAB, Julio César Méndez, tendrá que decidir si inicia las auditorías a la banca sobre los créditos relacionados, en donde, por supuesto, tendría que incluirse a Banamex.

2. Al antropólogo Antonio Zedillo, tío del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se le acabó la beca en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de donde reportan que fue liquidado por tercera ocasión como asesor del director general de Prestaciones Económicas y Sociales, Antonio Sheleskey. Por cierto, hay varias quejas en contra de este directivo por trabajadores que han sido despedidos en medios de amenazas y maltratos. Sheleskey fue rescatado por Santiago Levy cuando fue despedido por el "zar" anticorrupción Francisco Barrio como coordinador de la Unidad de Normatividad de Bienes Inmuebles, Servicios, Arrendamiento y Patrimonio de la Secodam.

3. En los interrogatorios a que han sido sometidos el ex gobernador Mario Villanueva y el narcotraficante Ramón Alcides Magaña, dicen que advirtieron que darán a conocer grabaciones en donde se involucra a banqueros y políticos en las adquisiciones irregulares de terrenos en Cancún, las inversiones y los presuntos vínculos con las mafias de la droga.

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