Indicador Político
Carlos
Ramírez
Jueves, 25 de octubre de 2001
Transición:
acoso a libertad de prensa
Funcionarios de Fox aprietan a medios
Punto pendiente de la agenda de la transición a la democracia
por su participación añeja en la estructura de dominación política
del viejo sistema priista, los medios de información cayeron en
la trampa de la alternancia: han aumentado su consistencia crítica
respecto al momento nacional pero se han topado con los muros de
la intolerancia oficial, política y privada.
Hay cuando menos cinco casos que no deben perderse de vista
porque significan acosos gubernamentales para inhibir la libertad
de expresión y por tanto de ausencia de compromiso oficial con
la transición democrática:
1) El columnista Francisco Rodríguez publicó en El Universal
una revelación: agentes de la Policía Judicial Federal de la
PGR formarían parte de un equipo especial para espiar a políticos
y periodistas. Como reacción, el procurador Rafael Macedo de la
Concha abrió una averiguación interna para investigar la
denuncia. Sólo que enfocó todo el peso del aparato policiaco de
la institución contra el columnista. Rodríguez fue citado
oficialmente por la PGR para declarar en torno a su denuncia,
reforzar sus revelaciones, entregar las pruebas y revelar su
fuente de información.
Si la intención de Macedo fue atender la denuncia, equivocó el
camino porque ahora el denunciante es el indiciado. La vieja
aspiración del poder político es lograr la disminución de los
espacios de la libertad de expresión por medio de mecanismos
_inquisiciones_ judiciales o administrativos. La obligación de
la autoridad es vigilarse a sí misma y no convertir a los medios
en denunciantes ante el Ministerio Público. En el caso específico,
Macedo debería investigar a su director de la Judicial Federal,
quien fue nada menos que jefe de intercepciones telefónicas en
el Cisen y en la Federal Preventiva.
2) El columnista Miguel Badillo reveló el lunes 15 de octubre
una carta de Raymundo Riva Palacio a la dirección general del
periódico Milenio Diario para aclarar las razones de su salida.
En su texto, Riva Palacio reveló presiones gubernamentales
contra el periódico para modificar su línea editorial y señaló
que la señora Martha Sahagún de Fox, aún como vocera del
gobierno foxista, acosó al dueño de la empresa, Francisco González,
con un argumento amenazante: "si crees, Francisco, que vas a
derrocar al presidente Fox, estás equivocado". Riva Palacio
recordó que cuando menos en cuatro ocasiones pidió la señora
Sahagún que lo destituyeran de la dirección y que _otra petición
del gobierno_ designara en su lugar a Carlos Marín, quien asumió
el cargo el mismo lunes 15.
La carta de Riva Palacio mostró que el funcionamiento de la política
de comunicación social del gobierno foxista es exactamente igual
a la de los gobiernos priistas: chantajes, presiones, órdenes,
supervisiones y amenazas, cuando un gobierno de alternancia tenía
la obligación de utilizar la libre información para construir
un nuevo sistema ahora sí democrático.
3) El presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, Urbano
Santos, entró en el ranking de los funcionarios públicos que
coartan y amenazan la libertad de expresión. Como el diario Zócalo
de Piedras Negras reveló un tráfico de terrenos a favor de sus
familiares en un libramiento carretero, el munícipe priista
Santos quiso chantajear al diario con publicidad adicional y
luego le retiró la publicidad oficial y más tarde organizó un
boicot publicitario de sus empresas y otras.
Pero la denuncia de Zócalo estaba acompañada de pruebas
irrefutables que revelaron la forma en que Santos ha utilizado
dineros públicos para beneficios privados. En octubre del año
pasado, Urbano Santos _como consta en una factura_ compró
muebles de sala por dos mil 840 dólares a la empresa Black
Furniture de San Antonio para regalo de bodas de su hija. La
factura señala que la compra había sido hecha por el municipio
de Piedras Negras. Y Zócalo publicó otras evidencias
documentales de cómo el alcalde Urbano Santos alquilaba autos
para el ayuntamiento pero de sus propias empresas automotrices.
Ante la pasividad del gobernador Enrique Martínez y del Congreso
local priista, el caso llegó ya a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y la denuncia ha sido turnada a organizaciones
internacionales de defensa de periodistas contra abusos de poder
de funcionarios.
4) Pese a haber sido exonerado por un juez y de haberse decretado
el no ejercicio de la acción penal, el secretario foxista de
Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, violentó
procedimientos judiciales para sacarse de la manga una orden de
aprehensión contra el periodista y catedrático de derecho de la
UNAM, Eduardo López Betancourt. La acusación inicial de Gertz
fue por difamación, pero perdió el proceso. Pero como López
Betancourt siguió criticando a Gertz, quien gusta de lloriquear
con directores de medios para acusar a la prensa de ataques en su
contra, el flamante funcionario foxista está más interesado en
perseguir periodistas críticos que maleantes.
5) Aunque el asunto no es nuevo, el director operativo de la
Policía Federal Preventiva, general Francisco Arellano Noblecía,
siguió los pasos autoritarios de su jefe Gertz Manero y utilizó
información oficial no para darle curso a una investigación
judicial, sino con el único propósito de chantajear al periódico
El Imparcial de Hermosillo. La filtración de cheques de hace 30
años buscó evitar que el diario sonorense indagara la
responsabilidad del general en la matanza de campesinos en 1975.
Los medios deben estar ciertos que no deben quedar excluidos de
las leyes, pero el caso de El Imparcial cayó en el esquema típico
de las presiones gubernamentales para evitar la publicación de
revelaciones y denuncias. El diario está obligado a aclarar
sucesos que pudieran ser sospechosos, pero los funcionarios _y más
si son policiacos o judiciales_ tienen la responsabilidad de
respetar el ejercicio de la crítica.
Si se pensaba que la alternancia iba a ampliar los espacios de
democracia periodística, se acumulan hechos que dicen que no y
que hasta funcionarios del gobierno de Fox están involucrados en
presiones y amenazas contra la libertad de expresión.
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