Rogelio Montemayor y otros tres funcionario de Pemex participaron activamente, según un expediente interno, en las negociaciones con el Sindicato Petrolero. Foto: Mart’n Salas/Archivo
La PGR busca consignar a cuatro funcionarios por el Pemexgate
Un juez federal determinará si existen elementos para aprender a Rogelio Montemayor, Carlos Juaristi, Juan José Domene y Julio Pindter, todos acusados de uso indebido de atribuciones, peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero
A más tardar el próximo miércoles
23 de abril, la PGR consignará el caso Pemex ante un juzgado
federal solicitando las órdenes de aprehensión en contra de
Rogelio Montemayor, ex director general de Pemex; Carlos
Juaristi, ex director corporativo de administración; Juan José
Domene, ex director corporativo de finanzas, y Julio Pindter,
actual subdirector corporativo de relaciones laborales.
Según la averiguación previa PGR/UEDO/182/2001, se les acusa de
uso indebido de atribuciones, peculado, delincuencia organizada,
y lavado de dinero.
Una vez consignado el caso, será el juez respectivo el que
defina si existen los suficientes elementos para expedir las órdenes
de aprehensión a los indiciados. Ni Carlos Romero Deschamps,
actual diputado federal y líder del Sindicato Petrolero, ni ningún
otro miembro de esa agrupación gremial son mencionados en el
pliego de consignación.
Fuentes cercanas a las investigaciones señalaron que la Unidad
Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) ya afina los últimos
detalles para enviar el expediente ante el juez respectivo y de
esta forma concluir con su participación en la investigación
del caso. Es decir, dejará en manos de un juzgado federal la
decisión de ejercitar acción penal en contra de quien resulte
responsable.
Mientras tanto, la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE) integra también su indagatoria para
tratar de corroborar que el presunto desvió de recursos en Pemex
se destinó a la campaña presidencial de Francisco Labastida
Ochoa.
Según el expediente interno de Pemex, del cual MILENIO Diario
tiene una copia, estos cuatro funcionarios participaron
activamente –por sus funciones– en la negociación y
entrega de los mil 580 millones de pesos otorgados al Sindicato
Petrolero, y que la Secodam y la PGR señalan como presuntos desvíos.
Las piezas del pemexgate
El 3 de enero del año 2000, Rogelio Montemayor asumió la
Dirección General de Pemex en sustitución de Adrián Lajous
Vargas, luego de haber concluido su gubernatura en Coahuila (1993-1999).
“Un peso mal administrado es un peso menos para escuelas,
para hospitales, para carreteras, para agua, para el campo, para
la salud”, sentenció en su toma de protesta ante el
entonces secretario de Energía, Luis Téllez.
Montemayor firmó el 5 de junio del 2000 con el líder del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)
el convenio administrativo sindical 9399, en el que acepta que la
paraestatal otorgue un préstamo al Sindicato por 640 millones de
pesos para atender “los gastos y costos originados por las
demandas interpuestas en contra del Comité Ejecutivo y de las 36
secciones que lo integran, de carácter penal, laboral, fiscal y
civil”.
Entre las irregularidades detectadas por las autoridades, se señala
que no había suficiencia presupuestal para otorgar el préstamo,
el cual tampoco fue informado ni aprobado por el Consejo de
Administración, procedimiento que se exige en la Ley Orgánica
–entonces vigente– de Pemex.
El 11 de septiembre del 2000, Montemayor firmó con Romero
Deschamps el Convenio Administrativo–Sindicial 9442, en el
que autorizó que se le entregaran al Sindicato mil 100 millones
de pesos. Ochocientos 50 mil pesos por concepto “de
indemnización por todos los rezagos, consecuencia de los ahorros
generados a favor de Pemex por no cumplir con los compromisos
acordados en el Contrato Colectivo de Trabajo y Convenios
Administrativo-Sindicales, en las revisiones integrales del Pacto
Laboral de 1997, salarial de 1998 y contractual de 1999”. El
resto, 250 mil pesos, por concepto de “apoyo” para
poder atender una demanda en contra del sindicato que inició
desde 1985 la empresa Arriba, en Texas.
De ese dinero, se presupone que el Sindicato pagó 640 millones
de pesos por concepto del préstamo del 5 de junio del 2000.
Carlos Juaristi y Juan Domene entraron a trabajar en Pemex en
mayo del 2000, y sus nombramientos fueron directamente aprobados
por el entonces secretario de Energía, Luis Téllez.
El primero fue secretario general de Gobierno en Coahuila en la
época en que Montemayor era gobernador. El 2 de julio del 2001,
cuando se instalaron los Comités Organizativos Nacionales y la
Comisión Temática Nacional, Proyecto de Nación, Programa de
Acción, para la XVIII Asamblea Nacional de Delegados –cuyo
coordinador fue Montemayor–, Juaristi fue nombrado
vicecoordinador de la Tribuna Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos.
Domene, antes de ser el director
corporativo de Finanzas en Pemex, fue parte del equipo de Alfredo
Elías Ayub cuando éste era director de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA) y luego director de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Julio Pindter, trabaja en la dependencia desde hace 53 años; según
la oficina de Comunicación Social de la dependencia, pidió,
inesperadamente, vacaciones a partir del pasado 15 de abril por
70 días; el viernes 12 de abril declaró por 10 horas en la UEDO
sobre el tema.
Juaristi y Pindter encabezaron todas las reuniones con el
Sindicato en las que negociaron el préstamo, indemnización y
apoyo al Sindicato. Como las celebradas los días 16, 23 y 31 de
mayo del 2000, y la del 5 de junio de ese mismo año, esta última
antecedió a la firma del convenio 9399. Asimismo, junto con
Montemayor y Domene firmaron la aceptación del préstamo al
STPRM por 640 millones.
Fueron directamente Juaristi y Domene quienes solicitaron a la
Gerencia de Administración Financiera del Corporativo, a través
del oficio 691, que se expidiera el “título de crédito”
al Sindicato por 640 millones y se entregara el cheque
correspondiente a Ricardo Aldana, secretario tesorero del STPRM.
Romero Deschaps y Aldana firmaron, el 12 de junio del 2000, de
“recibido”. Estos dos indiciados por la PGR también
estuvieron presentes en la firma del convenio 9442 por mil 100
millones para el Sindicato.
El 28 de septiembre de ese año, Pindter y Xavier Diez de
Urdanivia, gerente jurídico corporativo, enviaron a Jorge
Collard de la Rocha, director general de Programación y
Presupuesto de Energía e Infraestructura, una carta mediante la
cual le informaron sobre todo el procedimiento de negociación
que concluyó con la indemnización al STPRM.
En la misiva señalaron que el ambiente de tensión entre la
administración de la paraestatal y el Sindicato incidió en
“el clima político-social interno y externo, derivado del
relevo de la Administración Pública Federal”. Finalmente,
el 11 de septiembre ya se habían alcanzado los acuerdos “que
dan solución a la mayor parte de los asuntos pendientes”.
Fue Juaristi quien solicitó el 19 de septiembre del 2000 la
expedición del pago de mil 100 millones al Sindicato, “deduciéndose
el importe del préstamo de 640 millones de pesos”, el cual
fue entregado a Ricardo Aldana Prieto, tesorero del STPRM.
Anabel Hernández y Alfredo Joyner