Barrio
Alejandro Gutiérrez
El gobierno de Francisco Barrio Terrazas en Chihuahua es investigado por peculado, administración fraudulenta, tráfico de influencias y otros presuntos delitos por la Procuraduría de Justicia del estado que gobernó de 1992 a 1998.Responsable de amarrar las manos a los funcionarios del actual gobierno federal panista, Barrio se encuentra con que el actual gobernador priista de Chihuahua, Patricio Martínez, mantiene varios expedientes abiertos relacionados con irregularidades detectadas por el Congreso del Estado en los ejercicios fiscales de 1996 y los últimos nueve meses del gobierno de Barrio, en 1998, que no aprobó la legislatura local.
Así, enfrenta una paradoja: mientras él tendría que investigar al último gobierno federal del PRI... un gobierno local del PRI lo investiga a él. El cazador está en la mira.
Víctor González, vocero de la Procuraduría de Chihuahua, confirmó que los expedientes de ambas cuentas públicas se encuentran abiertos, en período de recopilación de pruebas. "Son expedientes que se siguen integrando; aún se sigue pidiendo información y documentos de trabajo al Congreso local", aseveró en entrevista telefónica.
Peculado, administración fraudulenta y tráfico de influencias son algunos de los presuntos delitos que más se repiten en los señalamientos que hace la mayoría del Congreso local, con la negativa de la fracción parlamentaria del PAN, y que fueron turnados a la Procuraduría de Justicia para que deslinde responsabilidades.
Solamente de la cuenta pública de 1998, el Congreso dio vista a la Procuraduría mediante los oficios 3163/00 del 14 de noviembre de 2000 y 3110/00 del 31 del mismo mes, de nueve acuerdos (633/00, 636/00, 637/00, 641/00, 596/00, 604/00, 605/00, 608/00 y 624/00, de los cuales tiene copia el reportero), para que inicie las investigaciones sobre la presunta comisión de delitos.
Sólo algunos casos:
El 20 de junio de 2000, mediante oficio 2499/00 dirigido al procurador Arturo González Rascón, el Congreso da vista de un quebranto patrimonial por 1.1 millones de dólares por la inversión y préstamo a la empresa Promotora de Vuelos Internacionales (Provisa), que operó el vuelo Chihuahua-Dallas de Lone Star Airlines, sin cumplir con los lineamientos para el manejo de recursos públicos, como especifican los decretos 194-00 y 193-00 relativos a la auditoría practicada a Promotora de la Industria Chihuahuense entre 1993 y 95 y al ejercicio 96 a 97, respectivamente.
Alejado de sus atribuciones, este organismo del gobierno otorgó un cheque a nombre de Provisa por 925 mil dólares, que depositó en la cuenta número 7600187673 del State National Bank en El Paso, Texas, el 10 de diciembre de 1993. Esos recursos se sumaron a la aportación de 950 mil dólares realizada por 15 empresarios (entre ellos, Jaime Creel, tío del actual secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda), y de 25 mil dólares más que aportó la alcaldía de Chihuahua, en el período de Patricio Martínez.
A pesar de no contar con facultades para otorgar financiamientos, Promotora otorgó a Provisa un préstamo por 250 mil dólares, el 3 de marzo de 1995, según se desprende del acuerdo 193/00 de la auditoría al período 1 de enero de 96 al 31 de agosto de 97. Además, 18 meses después del vencimiento del convenio de préstamo, el gobierno no había recibido ningún pago, ni siquiera de intereses, que el Congreso calculó en 148 mil 125 pesos y que la propia Promotora estimó que serían de 114 mil 281 pesos.
Otro: El acuerdo 195-00 de la legislatura registra un quebranto patrimonial por 8.5 millones de pesos que afectó al Fideicomiso Salvárcar 118 —cuyo fin era adquirir y vender reserva territorial en Ciudad Juárez, para ordenar su crecimiento—, al destinarlos a la asociación civil Programa de Reactivación Social (Progreso), por ello se presume la comisión del delito de peculado, al aplicar recursos públicos a una entidad privada.
Más: El mismo acuerdo documenta irregularidades en la compraventa de terrenos en Ciudad Juárez que son propiedad del fideicomiso, los cuales fueron acaparados por constructores locales, quienes especularon con los predios.
En uno de sus apartados, resuelve que hubo "negligencia e incumplimiento" y que existe un "quebranto patrimonial" que asciende a 12 mil 739 dólares al no respetar el valor por metro cuadrado de un predio, en la enajenación de 20 mil 447 metros cuadrados que se celebró con la Constructora Dintel, de la que es socio Federico Barrio, hermano del entonces gobernador panista.
Acompañando al oficio 2371/00 que el presidente del Congreso, Cesáreo Valles Machuca, envió al procurador Arturo González Rascón de fecha 27 de junio de 2000, el decreto establece: Negligencia e incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con la función pública, al omitir contabilizar dentro del rubro de egresos la cantidad de 7,127.90 dólares que se reintegraron a la persona moral denominada Constructora Dintel, respecto de la enajenación de 20,447 metros cuadrados del lote número 1 de la manzana 15-A.
Negligencia e incumplimiento al falsear información al Comité Técnico de Salvárcar, mediante el informe de ventas, pues se muestra que la transacción realizada con la empresa Promociones Lintel —en la que Federico Barrio también es socio mayoritario— ascendió a la cantidad de $2,347,333.70, cuando en realidad fue por $2,428,235.00, lo que arroja una diferencia de $80,901.00.
Incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con la función pública, al no haberse promovido la reversión del inmueble adquirido por la empresa Promociones Lintel, ante el incumplimiento de la obligación de utilizar el lote de terreno dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la fecha en que lo adquirió, además de apreciarse actos de especulación comercial, al revender el adquiriente original 11,838 metros cuadrados del citado terreno, a la empresa denominada G.D.I. de México, obteniendo una utilidad de 218,055.96 dólares.
Y para rematar: El Congreso detectó una inversión off shore por 3 millones de dólares que hizo Promotora de la Industria Chihuahuense en Islas Caimán, la cual provocó un quebranto patrimonial al erario por 1.6 millones de pesos de rendimientos financieros no percibidos, según los acuerdos 195/00 y 196/00, del 27 de junio de 2000. De este caso se dio vista a la Procuraduría mediante oficio 2371/00.
Tratadora de agua: negocio redondo Como parte de las campañas de propaganda en las recientes elecciones locales en Chihuahua, la dirigencia priista ordenó la publicación de un desplegado en el que acusa a Gustavo Madero, el excandidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua y funcionario durante el último año del gobierno de Barrio, de ser uno de los beneficiarios del proyecto de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de la capital de ese estado, que tuvo un costo de 44 millones de pesos. Llama la atención que el contenido del desplegado es similar a la información de un reporte de auditoría que realizó la Contaduría General del Congreso en cumplimiento del oficio 1351/99 de la Comisión de Vigilancia —cuya copia obra en poder de este semanario—, caso que aún no recibe un dictamen oficial para ser puesto a consideración del pleno de los diputados.
El informe de revisión comprende el período 1992-1999 y arroja que la Junta de Agua y Saneamiento local autorizó a la empresa ganadora de la licitación para construir y operar el tratamiento de mil 200 litros por segundo, Atlatec Monterrey, para que cediera sus derechos a Atlatec Chihuahua, un día después de firmado el convenio, en diciembre de 1992.
Otra irregularidad detectada es que el día que se firmó el contrato de dicho proyecto entre el gobierno estatal y Atlatec Monterrey, Atlatec Chihuahua no existía y su constitución se protocolizó ante el Registro Público de la Propiedad una semana después de dicha firma.
Aparte de Madero, otro socio de Atlatec Chihuahua es Federico Terrazas, socio de Cementos de Chihuahua y hermano de Enrique Terrazas, secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Barrio.
El caso Mesta Mientras Barrio emprendía la campaña publicitaria Di no a la mordida en el primero año de su gobierno, el entonces contralor local Humberto Abudd puso en el escritorio del panista el resultado de una auditoría que detectó el desvío de fondos de un funcionario, Joaquín Mesta Soulé, primo hermano de Jesús Mesta Delgado, entonces director de Finanzas del estado y hoy oficial mayor de la Secodam. Sin embargo, el caso se conoció públicamente 30 meses después de cometido el desvío de 208 mil pesos, cuando el diputado priista Álvaro Terrazas lo denunció en la tribuna del Congreso local el 31 de enero de 1996.
El mismo Barrio reconoció el 1 de febrero de ese año que "técnicamente" el caso ameritaba acción penal, pero no lo hizo. La justificación del gobierno panista fue que se optó por "resarcir el interés del Estado", con la devolución del dinero, como había sucedido en otros casos. Dos semanas después, la Comisión de Vigilancia del Congreso —dominada por el PRI— conminó al gobernador a proceder penalmente "so pena de figurar como cómplice por encubrimiento del ilícito", de acuerdo con archivos periodísticos.
El gobierno de Barrio todavía esperó hasta el 8 de abril de 1996 para que el departamento jurídico de la Dirección de Desarrollo Rural formulara una denuncia penal contra Mesta Soulé, por el delito de desvío de recursos y abuso de confianza, que dio pie a la averiguación previa 43/96. Todavía tuvieron que pasar cuatro meses para que el expediente fuera consignado ante el juez sexto penal, Juan Rodríguez Zubiate, bajo la causa penal 492/96, quien dictó orden de aprehensión contra Mesta, quien se dio a la fuga. En ausencia, fue sentenciado a seis años de prisión, se le impuso una multa de apenas 555 pesos y se le inhabilitó nada más por dos años para desempeñar cualquier función pública. Hoy, el hermano del actual oficial mayor de Secodam sigue prófugo de la justicia, según confirmó la Policía Judicial.
Defensa panista "Es perverso mantener esos expedientes irresueltos, guardados en el cajón del gobernador Martínez, no es más que una burda maniobra política para la descalificación y el golpeteo político contra Barrio", dice el diputado panista Juan Manuel Tarín, el único miembro opositor dentro de la Comisión de Vigilancia, que controla el PRI. Promotor de acuerdos legislativos para exigir a la Procuraduría que informe sobre el estado que guardan estos casos, Tarín sostiene, en entrevista telefónica, que los priistas "saben que cometieron un exceso al negar la aprobación de la cuenta pública, pero Patricio prefiere mantenerlo como espada sobre el cuello contra el anterior gobierno, como un recurso de venganza política".
El dirigente estatal del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, coincide. "No hay sustancia para actuar contra Pancho (Barrio). Es simplemente una estrategia para descalificarlo. La demora de la Procuraduría para resolver estos casos demuestra que no tienen elementos para actuar. A nosotros no nos inquieta en lo más mínimo lo que la Procuraduría pueda hacer", dice.
Unos días antes de tomar posesión como director de Gobernación del gobierno de Patricio Martínez —el 16 de julio —, el líder priista en el Congreso local, Sergio Martínez Garza declaró a Proceso que "la Procuraduría no ha querido politizar el caso, pero necesariamente tiene que darle seguimiento para deslindar responsabilidades".
No obstante, el presidente del Congreso, el priista Cesáreo Valles Machuca, explica que existen vacíos legales que no han permitido dar un seguimiento al caso: "El Congreso ha enviado diversos oficios para conocer el estado que guarda la averiguación, sin embargo, en virtud de vacíos y lagunas de la ley, no se ha podido concretar un seguimiento adecuado, porque no existe precedente de que un Congreso haya llegado a ese nivel en la revisión del gasto público", aseguró.
Uno de esos oficio es el 1873/00, fechado el 13 de enero de 2000, firmado por la presidenta del Congreso, Isela Torres, en el cual pide al procurador González Rascón información sobre las investigaciones realizadas, conforme el acuerdo 435/00.
Y el mismo González Rascón ha señalado que la legislatura da vista de estos casos a la Procuraduría, pero el Ministerio Público necesita los "documentos de trabajo" de las auditorías que practica la legislatura, para proceder a la investigación. Recientemente, la cuenta pública 98 tuvo que ser regresada al Congreso en demanda de mayor información.
Mesurado, el secretario general de Gobierno, Víctor Anchondo Paredes, rechaza que mantengan una actitud revanchista contra Francisco Barrio: "Hay un hecho objetivo: El Congreso no aprobó la cuenta pública y dio vista a la Procuraduría para ver si existe la comisión de delitos. Si hubiera propósito malsano, en tres años ya se habría manifestado esto, pero hemos mantenido el respeto y, en cierta forma, el silencio".
Lo cierto es que, desde las campañas electorales de 1998, se han agudizado las confrontaciones entre Barrio y Patricio Martínez. Ya como gobernador, Martínez arremetió contra los panistas que lo criticaban: "Ni le muevan, porque sacamos todo el cochinero que dejaron... porque encontramos una olla de porquería".
Y, más recientemente, el gobernador priista respondió a señalamientos de Barrio cuando éste participó en los cierres de campaña de Ciudad Juárez, en la elección de julio: "Claro, ahora el 'zar anticorrupción' lo encuentra todo sucio y amañado en este país; hubiera venido hace unos años para que viera como estaba este trochil".
—¿El gobernador Martínez no tiene esos asuntos en el escritorio para defenderse de la Federación? —se le insiste a Anchondo.
—No hay ninguna pretensión del gobierno de sacarle los trapitos a nadie. Ni se tienen cartas bajo la manga. Ante la posible comisión de un delito no hay más que la obligación de investigar y de proceder legalmente, como establece la ley.