Descubre Secodam mafia entre IP y ex
funcionarios
Por IVONNE MELGAR, MIGUEL PÉREZ Y DANIEL LIZÁRRAGA
GRUPO REFORMA
REFORMA / Redacción
Un "cártel empresarial", vinculado a funcionarios públicos
del anterior sexenio, tejió una compleja red de corrupción
destinada a apoderarse de la mayoría de las licitaciones públicas
lanzadas por el Gobierno, reveló ayer el Contralor Federal,
Francisco Barrio.
Acreditados como proveedores, los miembros del "club privado"
-como el propio titular de la Secodam lo calificó- se turnaban
para obtener las ganancias y, al mismo tiempo, aparentar
legalidad en cada uno de los trámites.
Una vez obtenido el contrato, los empresarios movían un
porcentaje del dinero hasta los paraísos fiscales de las Islas
Caimán, para tiempo después transferirlo hacia otras cuentas
bancarias abiertas a nombre de los servidores públicos
involucrados.
Por el momento, el Contralor prefirió reservarse cualquier
nombre o razón social en la referida red de corrupción. Sin
embargo, adelantó que buscarán fortalecer las pruebas
existentes para proceder incluso contra los integrantes de la
Iniciativa Privada.
Este caso es la primera ocasión en que el Gobierno foxista
vincula a un grupo de empresarios en irregularidades.
Hasta el momento, sólo eran asuntos aislados en Pemex y multas
por incumplimiento de contratos, así como en reglamentos
secundarios.
En entrevista, Barrio destacó que el "cártel de
empresarios" alcanzó tal grado de sofisticación que
contaba con mecanismos confiables para eliminar a proveedores
ajenos a sus intereses.
Las formas de operar para eliminar a compañías indeseables
fueron básicamente dos: bajar los precios para dejar en clara
ventaja a uno de sus cómplices o declarar desierto el concurso
por "especificaciones técnicas", en caso de registrar
complicaciones en el proceso.
Para Barrio, es de importancia que los legisladores impulsen la
creación del "testigo protegido para casos de corrupción",
a fin de obtener mayores pistas sobre lo que consideran uno de
los principales problemas en México.