Manuel J. Jáuregui/ 'En una semana'
Por MANUEL J. JÁUREGUI
GRUPO REFORMA
Parcos,
concretos, sucintos deben de ser los líderes en sus expresiones
públicas, ello, porque los políticos, como los peces, por su
boca mueren.
Hace cinco meses, en una de sus habituales visitas promocionales
a Monterrey, totalmente innecesarias, el presidente Fox anunció
formalmente que "en una semana" quedaba arreglada la
principal problemática de los contratos leoninos del gas
industrial que surte el monopolio gubernamental Pemex.
Eso fue ya hace CINCO meses y, en este lapso, el problema se
encuentra exactamente en el mismo punto en que se encontraba
cuando el Presidente aseguró estaba ya resuelto, sólo que con
una importante diferencia: los representantes del sector privado
a los que les ha tocado ser parte de un proceso petitorio-negociador
desgastante, indigno, frustrante y, por improductivo,
desesperante y muy, pero muy, ilustrativo, ya perdieron toda fe
en Fox y sus funcionarios.
El porqué de que no se resuelva algo que, en principio, debería
de ser muy simple en un monopolio gubernamental (fijar nuevas
tarifas y procedimientos de cobro en los cuales, por ejemplo, no
se le castigue a las empresas obligándolas a pagar el gas que NO
CONSUMEN, cual es el caso, hoy, hoy, hoy) es, al parecer,
imposible para el gabinete.
Aun siendo esto en el afán de lograr que las industrias
mexicanas paguen por insumos energéticos tan vitales para la
producción nacional, como es el gas, o la electricidad, lo mismo
-o de preferencia menos- que sus competidores extranjeros.
Este sencillo precepto, reconocido por el propio gobierno como
algo necesario y procedente, nada más no se implementa a pesar
de estar empeñada la palabra presidencial.
Sólo ellos saben realmente el porqué de que no cumplen lo que
prometen; de afuera sólo se captan algunas señales que pueden
confundir el síntoma con enfermedad.
Entre otras: el evidente "lavado de manos" del
secretario de Energía, Ernesto Martens, quien, con su habitual
actitud sobrada, se secó con la toalla del secretario de Economía,
el profesor Luis Ernesto "el Milpifias" Derbez, y le
pasó el asunto sin más ni más, al tiempo que, como rey
intocable, se quejaba de no estar para recibir reclamos de los
industriales.
(Muchos de ellos ex colegas, ya que Martens se desempeñó por años
en el sector empresarial regio).
Habla bien de Derbez que, pudiendo a su vez zafarse del asunto,
intentó llevarlo a algún tipo de conclusión, aunque ésta no
fuera la ofrecida por el Presidente.
Mas como o no le hacen caso o no tiene poder para implementar
decisiones, éste dice ahora haberse topado en pared, alegando
que requiere ahora la intervención positiva de la Secretaría de
Hacienda y de la Secodam.
Sabido es que, en lo que respecta al precio del gas encima de los
2.60 dólares por millón de BTU, todo lo cobrado por Pemex es
impuesto para Hacienda.
Una reducción en el precio, por tanto (de cuatro a tres, por
ejemplo), impacta los ingresos de Gil y se requiere la venia de
éste.
Surge entonces la pregunta: ¿qué el Presidente no le puede
ordenar al secretario de Hacienda que le baje a sus pretensiones
cobronas?
Por lo visto, no.
¿Y la Secodam, qué?
La Secodam de Barrio (muy contenta porque, según esto, descubrió
un fraude de 2 mil pesos del sexenio pasado) es ahora el pretexto.
Afirma Derbez, como justificante, que para modificar las tarifas
requiere el vebeó de Barrio y un documento firmado por la PGR en
el que se exonera de responsabilidad a los funcionarios si éstos
modifican las tarifas "por el perjuicio que esto pueda
causar al patrimonio nacional".
(Se les olvida que la Comisión Reguladora de Energía tiene
plenos poderes legales para fijar, refijar, cambiar, modificar,
inventar, o crear tarifas para los energéticos).
No obstante, éste es someramente el estado de cosas al día de
hoy, lo cual motiva a preguntar:
¿Todo lo que promete, anuncia, afirma u ofrece el presidente Fox
está igualmente sujeto a la interpretación, aprobación y venia
de su burocracia?
Si así es, mejor que no diga, ni ofrezca, ni prometa, nada.