Halla Secodam desvíos en PFP
Por ABEL BARAJAS
GRUPO REFORMA
Por presunto daño de casi 3 millones de pesos al erario, la
Secodam fincó responsabilidades administrativas a 18 ex
funcionarios de la Policía Federal Preventiva, entre los que se
encuentran los dos directores que actualmente encabezan a la
Policía Judicial Federal y una asesora del Procurador Rafael
Macedo de la Concha.
De acuerdo con la auditoría de Secodam, de la cual REFORMA tiene
copia, a Genaro García Luna, actual director de la PJF, se le
atribuyen ejercicios presupuestales irregulares por 42 millones
de pesos; a su director adjunto, el General Brigadier Pedro
Huerta Robles, se le señala por 71.5 millones de pesos, mientras
que a Lourdes Martínez Medellín, asesora de Macedo, por 704 mil
pesos.
Los funcionarios ejercieron de una partida de "Acciones
Policiales Especiales" de urgencia y riesgo, recursos en
rubros de asesoría, difusión, pago de informantes,
arrendamiento de inmuebles, viáticos y pasajes, todos los cuales
no fueron comprobados de acuerdo con la norma y, en algunos
casos, se presentaron actas y documentos para justificarlos, pero
sin el aval de la Oficialía Mayor.
La partida de la que se tomaron recursos, la 4310, fue
establecida en 1999 con 254 millones 686 mil pesos, pero las
autorizaciones indebidas entre ese año y el 2000 ascendieron a más
de 312 millones de pesos, en gastos que se otorgaron también en
dólares, marcos alemanes y francos suizos.
Según los documentos, los principales infractores son Wilfrido
Robledo Madrid y Vicente Pérez Mendoza, ex Comisionado y
Coordinador de Administración y Servicios de PFP, quienes
otorgaron estos recursos sin tener esa atribución.
La Secodam realizó una evaluación en la que concluye que, de
estos ejercicios presupuestales, se desprende un monto de daño
al erario federal por 293 mil 509 dólares que equivalen a 2.7
millones de pesos, por lo cual se les fincó las
responsabilidades respectivas por la violación de siete leyes y
reglamentos federales.
El General Pedro Huerta aseguró que el dinero que le atribuyen
de gastos irregulares se erogó legalmente en la seguridad de los
precandidatos del PRI y en la de Francisco Labastida, Porfirio Muñoz
Ledo y el actual Presidente Vicente Fox, durante sus campañas
proselitistas.
"De comprobantes junté seis cajas. Tengo confianza, los
gastos de difícil comprobación no van a tener requerimientos
fiscales, un informante no es un profesionista al que le
descuentan impuestos y tiene RFC", dijo.