En enero de 1995, Daniel Ayala Uranga presentó una denuncia como jefe de departamento ante las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para informar de la corrupción, el dispendio y la compra de equipo inservible utilizado en la 2a Guerra Mundial.

 Por ello, fue presionado: le redujeron su salario a pesar de haber tenido un incremento por ley, lo mantuvieron aislado de sus compañeros sin tareas asignadas y comisionado a sitios inaccesibles sin medios de transporte.

 Acudió a la Contraloría, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Energía, los partidos políticos y la Presidencia de la República, pero no obtuvo respuesta y cuando se la dieron, sólo fue turnado a la "dependencia respectiva" para enredarlo sin remedio en el mismo círculo burocrático, por lo que aún sigue desempleado.

 "Se ha adquirido equipo que servirá cuando se vaya a acabar el planeta, y pongo un ejemplo: sólo si desaparecieran los teléfonos celulares, tendríamos que conectarlos a una batería para establecer comunicación".

 "Un caso más es la creación de subáreas para reemplazar a los Centros Nacionales de Energía, pues se erogó una gran cantidad de recursos para adquirir equipos de tecnología de punta, los cuales, se convierten en un equipo inservible al tener que ser instalados en sistemas obsoletos: los únicos beneficiarios son los introductores", destacó.

 El 10 de mayo de 1996 recibió la respuesta de la Coordinación de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia en la que lo turnaron por una vez más a la CFE.

 A la CNDH le tomó siete meses determinar que no era asunto de su competencia pero remató a Ayala Uranga al subrayarle que luego de revisar el caso concluía que no se habían violado sus derechos humanos.

 El 2 de julio de 1996, parecía que ya había arreglo. Los abogados de la CFE ofrecieron su reinstalación con el argumento de que "nunca había sido despedido". Un mes después, luego de mostrarle su nueva oficina, Gumercindo Miguel Alonso, funcionario de la CFE le dijo que iba a recibir 160 mil pesos como pago para poner fin a la relación laboral, Ayala Uranda pidió tiempo para pensarlo porque era una propuesta que no tenía valorada, por lo que fue conminado a abandonar el inmueble.

 Nunca pudo responder si aceptaba o no el dinero en forma directa, porque la CFE levantó un acta el la que aseguró que Ayala Uranda había abandonado su centro de trabajo sin explicación, por lo que hasta junio de este año la demanda siguen en pie.