Continuar viendo los documentos donde se menciona a Alfredo Elías Ayub
Sanciones Administrativas sin Persecusión Penal
Herencia de las administraciones salinista y zedillista, respectivamente, el régimen del presidente Vicente Fox tiene en su poder documentos que relacionan corrupción, obras por miles de millones de dólares y una vasta red de complicidades que van de la Comisión Federal de Electricidad, involucran firmas de reconocidas empresas trasnacionales y nombres de funcionarios públicos como el director de la mencionada paraestatal, Alfredo Elías Ayub, quien fue ratificado en dicho cargo por el actual régimen.
Por Ernesto F. González
Desde el 15 de diciembre del año pasado, el actual secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Barrios Terrazas, recibió copia de expedientes y revisiones hechas por su antecesor, Arsenio Farell Cubillas, en los que se determinan las muchas ilegalidades que se descubrieron en la mencionada paraestatal y en las que todo se redujo a mínimas sanciones administrativas y ninguna demanda penal.
En dichas resoluciones se mencionan a grandes consorcios de la construcción como Techint, Grupo Mexicano de Desarrollo, General Electric, ICA, Marubeni, Westinghouse, Tribasa, Siemens, Bufete Industrial, AEG Mexicana y a los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad y de la Secodam.
Mediante auditorías de la propia Secretaría de la Contraloría y de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados en el ejercicio de la legislatura pasada, se corroboró que a dichas firmas se benefició con asignaciones de contratos en forma irregular, pagos en exceso, obras sin licitación y proyectos no contemplados en el presupuesto de egresos del año de 1997.
La mayor parte de las denuncias que vio Contraloría y en las que intervino el Poder Legislativo fueron interpuestas por el entonces diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Velasco Oliva, quien hoy ostenta el mismo cargo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pero en esta ocasión amparado por el Partido Convergencia para la Democracia.
Aunado al caso de la terminal de recibo y manejode carbón Petacalco (ver página 2) Techint México y Siemens -ésta última de Jaime Camil Andrade-, según el diputado Velasco, ostenta irregularmente el contrato número 951046 de la Comisión Federal de Electricidad para el diseño, equipamiento y construcción de siete líneas de transmisión y 12 subestaciones de transformación.
Originalmente, la CFE falló a favor de AEG SA de CV ya que presentó la propuesta más baja -alrededor de 164 mil pesos más barata que el resto de los postores-, pero Techint se inconformó ante Contraloría por cuestiones del tipo de cambio que no se respetaron. Contraloría anuló la adjudicación y después la asignó a Techint.
Cabe destacar que la Contaduría Mayor de Hacienda encontró que todos los participantes incumplieron, con lo que técnicamente procedía cancelar la licitación, además de que se violentaron las bases de ésta.
General Electric e Ingenieros Civiles Asociados (ICA) participan en Samalayuca II. Esta planta termoeléctrica, en el norte del país, en Chihuahua, lanzan la licitación en marzo de 1992 y se adjudica el 16 de diciembre de ese mismo año.
En su propuesta ofrecen 700 megawats a cambio de 590 millones de dólares, pero no cumplen las fechas de construcción, ya que es hasta el 26 de mayo de 1996 cuando finalmente firman el contrato, esto es, tres años y medio posteriores a que se adjudicara, con lo que se violentó la normatividad de los 20 días posteriores del fallo de adjudicación.
De 3.20 pesos por dólar que era la paridad, cambia a 7.20, entonces era ya más del doble.
Aparte, la tecnología que entregó no fue la que ofreció, cosa que las bases de licitación ordenan categóricamente que lo ofertado deberá ser lo que se suministre.
Además, el consorcio entrega 505 megawats en vez de los 700 megawats. Al entregar 29.3 por ciento menos de capacidad, se debería de haber visto reflejado en el costo, y sí se vio reflejado, nada más que se fue a 738 millones de dólares, en vez de bajar, se incrementó. Según el especialista Leandro Zamora, existe un déficit de 400 millones de dólares pagados en exceso, aparte de los incumplimientos de no entregar equipo de 700 megawats.
Por dichas deficiencias de GE e ICA, fue necesario licitar otra planta termoeléctrica de 225 megawats y que le costará al país 350 millones de dólares (Chihuaha II).
Por su parte, a Westinghouse le adjudicaron tres plantas turbogeneradoras de 150 megawats cada una vía asignación directa sin asegurarse las mejores condiciones técnicas ni económicas y ni financieras para CFE. Estos proyectos no fueron aprobados por la Cámara de Diputados en el presupuesto de 1997, pues se destinaron para obras que no estaban igualmente contempladas en el ejercicio de ese año.
Las tres plantas turbogeneradoras de Westinghouse no entraron en operación a tiempo y se les pagó antes sin haber gas para hacer la prueba de las turbinas.
Lo mismo sucedió con Marubeni, sin ser fabricante de turbinas ni tener la experiencia necesaria, se le encargó la construcción de dos plantas de 150 megawats. Igual, no cumplió en tiempo y no hubo aprobación del pleno de la Cámara para aprobar estos recursos.
En dinero que gastó la Comisión Federal de Electricidad en obras sin autorización del Poder Legislativo Federal, suman dos mil 720 millones de pesos ya corroborados por la Contaduría Mayor de Hacienda y que fueron canalizados al margen de la ley.
Siemens, Tribasa, AGF Mexicana violentaron la normatividad al no firmar los contratos respectivos en el tiempo que marca la ley, además se les pagaron costos excesivos por 450 millones de pesos.
En la termoeléctrica de Topolobambo, Sinaloa, los sobreprecios también hicieron presencia.
Esta misma, la lanza para adjudicación directa la Comisión Federal de Electricidad para la empresa de origen italiano, Ansaldo de México.
En 1988, sin embargo, le piden a la misma su cotización para una planta termoeléctrica llave en mano 2 por 160 megawats, de 320 megawats en total. Anzaldo hace sus cálculos y avalúa 202 millones de dólares necesarios para la inversión.
Al parecer, le señalan que su precio es muy alto y los conminan a que revise sus proyecciones y Ansaldo solicita dos semanas para las correcciones necesarias. Comisión Federal entonces decide lanzarla en licitación abierta internacional.
En la misma, participan Ansaldo y Bufete Industrial y Construcciones. En contradicción, aceptan la oferta de la última firma en mención la cual se fue a los 246 millones de dóláres, 44 millones más cara que Ansaldo
No obstante, la termoeléctrica de Topolobambo, según documentos oficiales, se elevó hasta 420 millones de dólares por la obra. *
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