Oficio de Papel
Miguel Badillo
El Universal
Lunes 05 de noviembre de 2001
Primera sección
Desvían mil 400 millones de
pesos en Pemex
Investigan en la Contraloría a José Domene
Oculta la CNBV documentación de ilícitos.
Después del triunfo foxista del 2 de julio del 2000, en las oficinas del gobierno federal se inició la más grande expurgación de archivos que se haya hecho jamás, con el propósito de ocultar o desaparecer toda la información que pudiera comprometer a funcionarios priístas en actos ilícitos. Para ese arduo trabajo de limpiar expedientes, los burócratas tuvieron cinco meses antes de que el PRI entregara el gobierno a la nueva burocracia panista, la cual a casi un año de asumir el poder aún no entiende cómo se administra el gobierno federal; sin embargo, no todo se ha hecho mal en las filas foxistas, pues en la Secretaría de la Contraloría hay servidores públicos que han logrado descubrir irregularidades de ex funcionarios que, aunque no han sido denunciados públicamente, se sabe que apuntan a priístas del primer círculo del poder.
En esta lucha en contra de la corrupción, uno de los principales expedientes abiertos por la Contraloría que comanda Francisco Barrio es por el supuesto desvío de fondos en Petróleos Mexicanos para financiar la campaña del priísta Francisco Labastida Ochoa, quien después de su fracaso en la contienda electoral para la Presidencia de la República, ahora busca la presidencia del PRI nacional.
Esta investigación que el presidente Vicente Fox no ha querido dar a conocer a los mexicanos porque, según dice, aún no está terminada, se refiere al desvío de fondos públicos de la principal empresa paraestatal mediante la triangulación de cheques que salían a nombre del sindicato petrolero, para después depositarlos en las arcas de la campaña labastidista. Pero la novedad es que en la auditoría practicada a Pemex por el gobierno foxista se descubrió la expedición de tres cheques por montos de 600, 400 y 370 millones de pesos, respectivamente, que fueron entregados al líder del sindicato petrolero, el diputado priísta Carlos Romero Deschamps, en los días previos a las elecciones del 2 de julio.
El asesor incómodo
En las pesquisas que llevan a cabo los auditores de la Secretaría
de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, aparece como
presunto responsable el ex director general de Pemex, Rogelio
Montemayor Seguy, aquel funcionario que también fue gobernador
del PRI por Coahuila y quien en el último año de la
administración anterior fue invitado por el presidente Ernesto
Zedillo a ocupar la dirección de la paraestatal. Hasta ahora
Montemayor Seguy se ha negado a explicar el supuesto desvío de
fondos públicos de Pemex, y a pesar de que la prensa ya dio
cuenta de esas irregularidades, tampoco ha querido dar
entrevistas, pero en cambio sí buscó de inmediato el refugio en
el PRI nacional, desde donde la dirigencia podría negociar con
el gobierno foxista la inmunidad de los involucrados a cambio de
que los legisladores priístas aprueben algunas leyes que
interesan al actual gobierno, como por ejemplo la reforma fiscal.
Pero en esta historia de corrupción aparece un nuevo y siniestro personaje que, camuflajeado de foxista, se ha mantenido entre las sombras y el cobijo del actual gobierno. Se trata del priísta José Domene, que se desempeñó como director de Finanzas en Pemex durante la administración de Rogelio Montemayor Seguy y quien supuestamente fue el responsable directo de autorizar y entregar los tres cheques por un monto de mil 400 millones de pesos para la campaña de Francisco Labastida Ochoa.
Lo sorprendente en esta historia es que el priísta Domene, convertido según los tiempos en nuevo foxista, encontró refugio en la Secretaría de Energía, que preside el empresario Ernesto Martens, quien lo contrató como asesor financiero en materia de energía, sin importar que esté involucrado en las investigaciones de la Secodam. Algunos creen que José Domene engañó a su amigo Martens para que, sin saber que había participado directamente en el desvío de fondos públicos en Pemex, le diera trabajo y protección en la secretaría responsable del ramo, pero resulta que el titular de Energía sí conoce a fondo las pesquisas que lleva a cabo la Contraloría y también sabe que entre los sospechosos de cometer el delito de peculado y daño patrimonial en perjuicio de la principal empresa del Estado están precisamente Rogelio Montemayor y José Domene.
Lo anterior pone en aprietos al secretario Martens, quien en referencia al desvío de fondos públicos en Pemex por mil 400 millones de pesos sólo se limitó a comentar que: "Yo no estoy en posición de comentar esto, pues debe acabarse la investigación de la Secodam para poder emitir un juicio". Mientras las autoridades del gobierno foxista tratan de ocultar los resultados finales de las investigaciones, también José Domene se niega a dar la cara en sus oficinas de la Secretaría de Energía, pues al parecer no tiene justificación sobre su participación en la autorización de tres cheques cuando trabajó en Petróleos Mexicanos.
La herencia de la Comisión
Cuando Vicente Fox asumió el poder, prometió que combatiría
con todos los recursos a la corrupción y a los funcionarios que
de ella hacían un negocio y una forma de vida. También involucró
en esta lucha a cada uno de los titulares de todas las
dependencias y entidades federales, más aún si se trata de
organismos responsables de vigilar e investigar actos irregulares.
Pues todo hace parecer que algunos funcionarios de primer nivel
no entendieron, o no quisieron entender, las palabras del jefe
del Ejecutivo. De tal manera que en lugar de apoyar con sus
acciones los esfuerzos de la Secretaría de la Contraloría para
disminuir los actos de corrupción en el gobierno federal, se han
dedicado a obstaculizarla al no entregar información clave para
perseguir delitos.
En esa situación se encuentra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jonathan Davis, organismo regulador del sistema financiero nacional, el cual se ha escudado en el secreto bancario para bloquear e impedir la entrega de documentación sobre cobros y depósitos de los tres cheques desviados de Pemex, con el propósito de evitar que se conozca el destino final de los mil 400 millones de pesos sacados de las finanzas de la paraestatal.
El problema es que los funcionarios que manejan la CNBV son priístas, incluido su titular Jonathan Davis, quien en el sexenio zedillista se desempeñó como tesorero de la Federación, motivo suficiente para ocultar ahora información financiera que pueda afectar a viejos amigos priístas. Una de las líneas de investigación que siguen los auditores de la Contraloría y que requiere el apoyo de la CNBV, es que sólo una parte de los mil 400 millones de pesos desviados de Pemex habrían sido para financiar la campaña del PRI a la Presidencia de la República y otro porcentaje mayor pudo ser utilizado para engordar las cuentas bancarias de los ex funcionarios y líderes involucrados. Es decir, hubo una repartición del botín.
Por ello, la colaboración de las autoridades de la CNBV se hace indispensable para esclarecer el desvío de fondos públicos, pues hay indicios de que un porcentaje de ellos fueron a parar a cuentas bancarias abiertas en otros países, así que se requiere conocer todos los movimientos y transferencias financieras que se hayan realizado en México con esos recursos.
Pero a pesar de que la investigación lleva casi un año, el presidente Vicente Fox tendrá que seguir esperando en Los Pinos a que le llegue el expediente final de lo que ya se perfila como el fraude más escandaloso descubierto sobre la última administración priísta.
Puntos suspensivos...
1. El contralor de la Secodam, Rosendo Villarreal, adelantó el viernes pasado que en los próximos días habría "anuncios muy serios y fuertes" de actos de corrupción descubiertos en varias dependencias federales, una de ellas es Petróleos Mexicanos, empresa que "sin lugar a dudas tiene muchos problemas del pasado, mucha falta de control, y es una dependencia en donde se moviliza mucho dinero". Entrevistado en el aeropuerto por los reporteros de la fuente, el funcionario dejó en claro que en breve la Secodam anunciará de las corruptelas descubiertas hasta ahora en Pemex.
2. El reportero Víctor Fuentes informó en el diario Reforma de un nuevo revés que sufrió Raúl Salinas de Gortari, cuando el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó al hermano del ex presidente Carlos Salinas un amparo mediante el cual buscaba evitar el pago de un crédito fiscal por 13 millones de pesos, correspondiente a los impuestos generados por depósitos realizados entre 1993 y 1994 en cuentas del Citibank y Probursa.
3. Entre los próximos cambios que se esperan en el gobierno federal, se menciona como muy probable la salida del actual subsecretario de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán Reveles, a quien le atribuyen el enfrentamiento de esa dependencia con un amplio grupo de la sociedad civil que hace varias semanas presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de Ley de Acceso a la Información Pública, iniciativa que fue descalificada por el propio Durán Reveles, y ello ocasionó severas críticas en contra de Gobernación por parte de periodistas, académicos y dueños de medios de comunicación.
4. El problema mayor del subsecretario José Luis Durán Reveles es que después de trabajar durante nueve meses en un anteproyecto de Ley de Acceso a la Información, ocultó el documento final y después simuló realizar una consulta mediante foros públicos para recoger la opinión de la población, cuando esto debió realizarse antes de preparar la iniciativa de ley, pues de lo contrario se trata de un montaje más de la administración foxista.
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