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Deficiencias en trámites ante gobierno: Secodam
Casi la mitad de quejas es por anomalías y abuso de autoridad, señala
Julián Sánchez
El Universal.
Miércoles 10 de octubre de 2001
Nación, página 14
Extorsión, abuso de autoridad, maltrato, irregularidad en trámites e irresponsabilidad laboral, son los fenómenos más frecuentes que se presentan en oficinas de la administración pública federal, según las quejas y denuncias turnadas ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), lo cual ya es investigado para establecer sanciones en caso de comprobar responsabilidad a funcionarios públicos.

De acuerdo con un balance de la dependencia, del total de quejas y denuncias recibidas (más de 7 mil) 44.63 por ciento son por irregularidad en trámites; 32.32 por ciento por abuso de autoridad; 12.69 por ciento por maltrato; 6.81 por ciento por extorsión y 3.55 por ciento por irresponsabilidad laboral.

Ante esto, personal especializado de los Órganos Internos de Control de cada institución federal comenzó a realizar sendas investigaciones en torno de la probable responsabilidad, para que una vez probada imponer las sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Información de la Secretaría referida destaca que se han intensificado las acciones para detectar a quienes incurran en alguna irregularidad, como las de vigilancia y prevención de prácticas de corrupción.

Para ello, entre otras cosas, se reforzaron el Programa de Usuario Simulado, así como los acuerdos entre particulares e instituciones para dar seguimiento a las adquisiciones de bienes materiales que se utilizan en el sector público llamadas Alianzas Ciudadanas.

Paralelamente, se realizan pactos sectoriales, a fin de conjuntar los trabajos contra la corrupción de organizaciones dedicadas a diferentes ramas de producción, con el propósito de detectar actos irregulares y proponer mejoras para su relación y gestoría de trámites con el sector público.

Con ello, inició la operación de centros integrales de servicios que atienden, informan y apoyan a los usuarios de servicios públicos, a fin de asegurar mayor transparencia.

Prioritariamente se han enfocado acciones para fomentar la participación de los ciudadanos en la lucha anticorrupción y divulgar el nuevo marco jurídico para impedir prácticas desleales de comercio, gastos innecesarios para el gobierno, así como vicios ocultos y defectos.

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