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Detectan anomalías en CFE
Precisa Secodam
que se encontraron irregularidades en 10 casos correspondientes a
la administración anterior; involucran a servidores y daños al
patrimonio
Miguel Badillo
El Universal.
Viernes 26 de octubre de 2001
Nación, página 19
En una auditoría
realizada en este año a la Comisión Federal de Electricidad, la
Secretaría de la Contraloría descubrió 10 casos
correspondientes a la administración anterior, en donde habría
presuntas irregularidades que involucran a servidores públicos y
daños al patrimonio.
El subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Alejandro Torres Palmer, precisó que "se determinaron 10 casos en los cuales se advirtieron irregularidades que pudieran implicar presunta responsabilidad, los cuales fueron turnados al titular del órgano interno de control para los efectos procedentes y para establecer un control de las acciones inherentes a cada uno de los casos, instruyendo un seguimiento puntual, a efecto de que todo se desarrolle conforme a la normatividad aplicable".
En el oficio, con fecha del 1 de octubre del 2001, el subsecretario le precisa al diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, coordinador del Grupo Parlamentario Convergencia por la Democracia, que "todos los asuntos específicos a que hace mención (en una denuncia sobre supuestas irregularidades entregado el 1 de agosto del 2001), siendo pertinente señalar que todos los asuntos fueron objeto de revisión por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda y/o de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo a través del órgano interno de control o de las entonces Dirección General de Auditoría Gubernamental".
En el oficio elaborado por el subsecretario Torres Palmer hace un recuento de las irregularidades encontradas y le explica al diputado Velasco que en el Proyecto Terminal de Manejo y Recibo de Carbón para la Central Termoeléctrica Petacalco, la Secodam concluyó con la inhabilitación de servidores públicos por periodos que van de 1 a 10 años y, en otro caso, suspensión de sueldos y funciones por 45 días. Este asunto se denunció ante la Procuraduría General de la República, en donde se radicó la averiguación previa.
Otro caso es el contrato número 951046, otorgado a la empresa Techint, en donde la Contraloría determinó el 10 de abril del 2000 inhabilitar a tres servidores públicos por un periodo de 15 años, más una sanción económica de 72 mil 156 veces el salario mínimo y una suspensión de sueldos y funciones por 30 días, con lo que el órgano interno de control de la CFE dio por concluido dicho asunto.
En los procesos de licitación SDC42/93, contrato número 951045 otorgado a la empresa AEG Mexicana, y en la asignación del contrato 951044 que ganó la empresa Triturados Basálticos y Derivados, la Secodam concluyó el 30 de enero del 2001 que ambos casos prescribieron de acuerdo con la fracción II del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
En ese último caso, el subsecretario Torres Palmer envió a la Contraloría Interna de la CFE copia certificada del expediente, con la finalidad de que se investigue la actuación de los funcionarios que se intervinieron en la resolución y se determine si hay responsabilidad.
Asimismo, el 19 de junio de este año, la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública instruyó al órgano interno de control de la CFE para que se presenten las denuncias penales respectivas, por lo que el pasado 13 de julio se turnaron los expedientes a la Dirección de Finanzas para el fincamiento de responsabilidades y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos para que se formule la denuncia respectiva.
Otro caso fue la licitación SDC1CPTT-02/95, que derivó en el contrato 951039, en donde la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial resolvió el expediente 54/99, con fecha del 27 de junio del 2001, en donde se inhabilitó a un servidor público responsable durante 20 años para desempeñar cargo o comisión en el servicio público y se sancionó económicamente por 15.7 millones de pesos.
Mediante el oficio DG-220/5997, recibido el 21 de septiembre del 2001, la Dirección General de Responsabilidades elaboró el proyecto de resolución del expediente 34/00, el cual se encuentra en revisión.
Un caso más de supuestas irregularidades es la compra 97-2-51258AY6, en donde el órgano interno de control concluyó que hay irregularidades en la evaluación, adjudicación y formalización del contrato, por lo que determinó el inicio de procedimientos disciplinarios y el desahogo de audiencias de ley. Adicionalmente, el órgano interno de control de la CFE determinó el 21 de agosto el cierre de instrucción y se encuentra en proceso de elaboración el proyecto de resolución para los primeros días de octubre.
En la licitación LLM-CPT-91/01, correspondiente a la construcción de la Central Samalayuca II, la Dirección General de Auditoría Gubernamental encontró irregularidades en el proceso licitatorio, las cuales fueron solventadas.
Otra licitación, la SDC-GPT-03/90, de turbogeneradores de 160 M.W. en Topolobampo, el órgano interno de control de la CFE realizó una auditoría durante el primer trimestre del 2000 y se concluyó que no procedían las inconformidades.
En el proyecto integral de control local de la estación Sicles, el 15 de agosto del año pasado se inició el procedimiento de responsabilidades por presunto daño de 39.4 millones de pesos; sin embargo, un dictamen técnico de un grupo colegiado de la CFE aprobó la funcionalidad del proyecto. Para dirimir esta controversia, se contrató a la empresa Accenture, cuyo trabajo está en proceso.
Un caso más es la compra directa de Watthorímetros a la empresa IUSA, propiedad del empresario Carlos Peralta, en donde la revisión de la operación determinó que la adquisición se hizo sin el procedimiento administrativo de adjudicación directa, sino licitación pública, por lo que se recomendó que para nuevas compras se realicen licitaciones internacionales.
En el arrendamiento de helicópteros, el subsecretario Alejandro Torres Palmer aseguró que no hubo irregularidades, al comprobar que el proceso de arrendamiento fue sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda, entidad que emitió su autorización el 21 de diciembre de 1999, condicionándola, entre otras cosas, a la enajenación de la flota completa de helicópteros. Por su parte la Contraloría interna da seguimiento a dos licitaciones públicas que fueron declaradas desiertas. También se solicitó la opinión técnica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, referente al funcionamiento de los helicópteros, la cual consideró que la antigüedad no es preponderante para la expedición de los certificados de aeronavegabilidad, siempre y cuando las aeronaves estén en condiciones técnicas satisfactorias para realizar operaciones de vuelo.
Otro caso
es la adjudicación directa al consorcio Siemens-Westinhouse,
mediante la licitación CPT004/00, en donde la Secodam constató
que el Comité Central de Adquisiciones autorizó la adjudicación
directa de dos turbogeneradores de gas, lo cual contó con la
justificación para exceptuar de licitación pública el
procedimiento.
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