Invalida la Corte resolución de ASF
La SCJN resolvió en favor del Presidente la controversia de
permisos de generación de energía para empresas privadas; afirmó
que la ASF excedió sus facultades.
Grupo Reforma
(12 Abril 2005).- La Suprema Corte de Justicia resolvió en favor
del Presidente Vicente Fox la controversia sobre permisos de
generación de energía eléctrica para empresas privadas, y
determinó que la Auditoría Superior de la Federación, ASF,
excedió sus facultades al formular recomendaciones para revisar
la legalidad de este esquema de inversión. Por seis votos contra
cinco, la Corte invalidó los requerimientos que la ASF envió en
abril de 2004 a la Secretaría de Energía y la Comisión
Reguladora de Energía, CRE, en los que pidió modificar los
procedimientos para otorgar los permisos a productores privados
por considerar que son inconstitucionales. Estos requerimientos
derivaron de la revisión de la Cuenta Pública del 2002, en
cuyos resultados la ASF -órgano fiscalizador de la Cámara de
Diputados-, emitió 24 recomendaciones relacionadas con 96
permisos, que el gobierno otorgó a empresas que generan
electricidad para su propio consumo. Los permisos comenzaron a
expedirse a raíz de la reforma de 1992 a la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica, y tan solo en el año 2002, la CRE
autorizó 36 de ellos, que implicaron inversiones por mil 595
millones de dólares. El auditor Arturo González de Aragón
consideró que un artículo de esta ley es inconstitucional, señaló
múltiples irregularidades en los permisos, y en 18 casos solicitó
la intervención de la Contraloría Interna de la Secretaría de
Energía para fincar responsabilidades a funcionarios que los
otorgaron. Estos provocó la demanda del Presidente Fox ante la
Corte en mayo de 2004, por considerar que la ASF invadió
atribuciones de los poderes Ejecutivo y Judicial. El fallo
Los ministros no analizaron si otorgar permisos a productores
privados de energía viola el artículo 27 de la Constitución,
pues ese no era el tema; lo que hicieron fue aclarar que la ASF
no puede darle instrucciones al Ejecutivo en la materia, ni
tampoco hacer interpretaciones de la Carta Magna, pues no es un
órgano judicial. Encabezada por Juan Díaz Romero, la mayoría
resolvió que la ASF no tiene facultades para pronunciarse sobre
la legalidad de todos los actos de las dependencias a las que
fiscaliza, sino únicamente sobre aquellos que tienen que ver con
su gestión financiera y presupuestal. Mariano Azuela, presidente
de la Corte, afirmó que permitirle a la ASF que haga este tipo
de revisiones y pronunciamientos sin límite alguno, llevaría a
"desquiciar" el sistema jurídico nacional. "Se
convertiría al Auditor Superior en una especie de justicia
mayor, que a su leal saber y entender decidiría lo que es lícito
y lo que no", agregó Guillermo Ortiz Mayagoitia. Los
miembros de la minoría, en tanto, defendieron las facultades de
la ASF, y señalaron que los oficios que dirigió a la CRE y la
SE fueron recomendaciones, no órdenes, por lo que no causaron
perjuicio al Ejecutivo. "Debemos proteger a la Auditoría
Superior...no debemos verla como un Frankenstein que amenaza al
orden jurídico, solo emite recomendaciones", dijo Genaro Góngora,
a quien se sumaron José Ramón Cossío, Olga Sánchez, Sergio
Valls y Juan Silva. Margarita Luna, que votó con la mayoría, señaló
que la ASF "tal vez sí tiene facultades" para hacer
revisiones amplias de legalidad, pero solo en auditorías
extraordinarias, no en las que lleva a cabo cada año sobre la
cuenta pública. La ministra también envió un mensaje de
tranquilidad a los inversionistas, al explicar que sus permisos
son actos administrativos que sólo pueden ser anulados por la vía
jurisdiccional, no por decisiones unilaterales de autoridades
como la ASF. La Corte realizó dos votaciones. En la primera, de
siete contra tres, eliminó todas las recomendaciones de la ASF
sobre permisos otorgados antes del año 2002, pues fue indebido
que aplicara retroactivamente la Ley de Fiscalización Superior
de la Federación, vigente a partir del 2001. La segunda, más
cerrada, fue sobre los permisos que la CRE autorizó únicamente
en el 2002, y resultó en los pronunciamientos sobre las
facultades del auditor.
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Sábado, 16 de Abril de 2005 12:55:37 p.m.