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CONSTITUCION
Invalida SCJN orden de ASF vs. Fobaproa
El órgano fiscalizador pretendía descontar 4 mil 670 millones
de pesos a Banamex, HSBC, BBVA Bancomer y Banorte
Por Víctor Fuentes
Grupo Reforma
Ciudad de México (23 junio 2005).- La Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) anuló este jueves las órdenes dictadas en
2003 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para
descontar los pagarés Fobaproa en poder de cuatro bancos.
Por ocho votos contra tres, la Corte resolvió que los 32 oficios
girados por la ASF a diversas autoridades invadieron la esfera de
atribuciones del Poder Ejecutivo.
El órgano fiscalizador pretendía descontar 4 mil 670 millones
de pesos de los pagarés Fobaproa obtenidos por Banamex, HSBC,
BBV-Bancomer y Banorte, al amparo del Programa de Capitalización
y Compra de Cartera (PCCC) del Fobaproa.
La Corte aclaró que su decisión no impide a la ASF seguir
revisando el PCCC.
De hecho, los pagarés comenzarán a ser canjeados este año, por
lo que, en posteriores revisiones a la Cuenta Pública, podrán
auditarse los recursos erogados por el Gobierno.
"Nunca se ha prohibido ni se pretende prohibir que se hagan
revisiones", aclaró Margarita Luna Ramos, autora del
proyecto.
Sin embargo, los ministros aclararon que la ASF no puede ni
podrá, mientras no sea reformado su marco legal, dictar órdenes
concretas y específicas a los órganos de Gobierno fiscalizados,
pues esto equivaldría a asumir las funciones de aquellos.
Otro punto de la sentencia es que la ASF no podía, en la
revisión a la Cuenta Pública del 2001, auditar un programa como
el PCCC, cuyas operaciones tuvieron lugar entre 1995 y 1998, pues
las revisiones de cuenta pública están sujetas a un principio
estricto de anualidad.
Al término de la sesión, el ministro Genaro Góngora lamentó
el fallo y dijo que la opacidad se niega a ceder lugar a la
transparencia y la rendicíón de cuentas, pues los Poderes y
órganos de Gobierno "se sienten agredidos" por la
actuación de la ASF.
El ex Presidente de la Corte exhortó al Congreso a reformar las
leyes para darle viabilidad a la ASF, de tal manera que sus
resoluciones sobre control del gasto público sean vinculatorias
para los órganos de Gobierno a los cuales revisa.
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Reprocha ASF fallo de Corte
Reforma
(23 Junio 2005).-
Parece que se privilegia la corrupción y la impunidad, dice Arturo González de Aragón
"La corte falla, el pueblo paga, y el corrupto ríe", afirmó el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia que pone a un paso de anular las instrucciones de la ASF sobre el Fobaproa.
González de Aragón consideró que la SCJN parece privilegiar la corrupción y la impunidad, ante los cuestionamientos públicos sobre irregularidades en la transferencia de pagarés y en el pago de la deuda del Fobaproa.
"Estamos dejando pasar una oportunidad única de privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas, que lo que pareciera ser que se favorece es la corrupción e impunidad, y esto como mexicanos es frustrante, decepcionante, porque se está dejando pasar una oportunidad única para que la transparencia y la rendición de cuentas sean una realidad en nuestro país", dijo.
Entrevistado al término del Foro Internacional sobre Fiscalización en la Cámara de Diputados, al que asistió Rapad Kovacs, presidente de la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior, el auditor consideró que la Corte tiene un punto de vista distinto, al del órgano fiscalizador.
"Son puntos de vista. Yo recordaría que en las dos controversias anteriores, la de la Cuenta Pública 2000 en relación con el Fobaproa, la de permisos de energía eléctrica, y esta que se refiere a Fobaproa-IPAB de la Cuenta Pública 2001.
"Jamás la Corte ha entrado al fondo del asunto, únicamente se ha pronunciado por la forma, se queda en la superficialidad, diciendo que no tenemos facultades para poder revisar estos recursos", criticó.
González de Aragón aseguró que en el caso Fobaproa-IPAB debió abrirse desde hace mucho tiempo una investigación seria que le diera certeza a los pagos millonarios que tiene comprometido el Gobierno mexicano desde el sexenio pasado, y que causan vacíos en el desarrollo económico del país.
"Cuando hablamos del rescate bancario, yo siempre me he preguntado de qué legalidad estamos hablando, si estamos hablando de la legalidad que debió haberse aplicado de manera muy estricta en el proceso o de la legalidad que debió aplicarse para que imperara el derecho y la ley.
"De la estricta aplicación de las normas en los criterios para aceptar créditos basura e irregulares. O estamos hablando de la legalidad que favorece a los poderosos, en contra del interés de las mayorías", cuestionó.
Precisamente en la Cámara de Diputados están pendientes los resultados de las auditorías GEL (de Gestión, Existencia y Legalidad) a Banamex, Bancomer, HSBC y Banorte, en la Comisión Especial del IPAB, que podrían modificar las partidas destinadas al IPAB que cada año se autorizan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En tanto, el presidente de la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior aseguró que la transparencia en la administración pública es necesaria a nivel mundial.
"El papel del Estado moderno se caracteriza por su adaptación con los nuevos temas, como la utilización eficiente y transparente de los recursos públicos.
"Son requisitos inevitables los métodos de transparencia y con los de rendición de cuentas, no pueden separarse, le da a sus ciudadanos las armas necesarias para definir un buen gobierno o una forma de hacer política", dijo Kovacs.
En el aire, 4 mil millones
- El martes la Corte estableció que los 32 oficios girados por la ASF en 2003 para descontar 4 mil 670 millones de pesos a los pagarés Fobaproa de Banamex, BBV-Bancomer, HSBC y Banorte, no fueron meras recomendaciones, sino órdenes de la ASF que los funcionarios del Ejecutivo tenían que cumplir bajo pena de ser sancionados.
- Hoy, los Ministros resolverán si la ASF se excedió en sus facultades.
- Si la mayoría resuelve que la ASF invadió atribuciones del Ejecutivo, los 32 oficios serán anulados.
- La ASF podrá seguir revisando el Programa de Capitalización y Compra de Cartera del Fobaproa.
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Celebra Presidencia fallo sobre Fobaproa
Esta determinación estaría abonando en favor de la
gobernabilidad democrática, definió este viernes el portavoz de
Los Pinos
Por Ivonne Melgar
Grupo Reforma
Ciudad de México (24 junio 2005).- La Presidencia de la
República manifestó su acuerdo y respeto a la decisión de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que liberó a la
Banca de los pagarés del Fobaproa, al considerar que este fallo
define las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara de
Diputados.
Esta determinación estaría abonando en favor de la
gobernabilidad democrática, definió este viernes el portavoz de
Los Pinos, Rubén Aguilar.
En su conferencia de prensa matutina, el funcionario dijo que el
Gobierno de la República es respetuoso de las decisiones de los
Poderes y por lo tanto asume la resolución que el jueves
determinaron los ministros.
La decisión que en la víspera se tomó con ocho votos a favor y
tres en contra puntualiza que la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) invadió las atribuciones del Poder Ejecutivo
al girar 32 oficios al Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB) y a las Secretarías de Hacienda y de la Función
Pública.
Cuestionado sobre la postura del Presidente Vicente Fox en esta
tercera ocasión que la SCJN le da la razón en un litigio contra
el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, Aguilar
respondió en primera instancia que esto era respetado.
Después, ante la insistencia de los reporteros en torno a la
implicación del fallo de la Corte que liberó a cuatro bancos de
posibles descuentos de los pagarés del Fobaproa, el vocero
planteó: "Respetamos la decisión de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que ayuda a avanzar en el proceso de la
construcción de la gobernabilidad democrática, al definir las
atribuciones que tienen las instituciones de la República".
El funcionario resaltó la importancia de esta medida en tanto
define el ámbito de acción de la Auditoría Superior de la
Federación.
"Por eso", añadió, "la posición oficial de la
Presidencia de la República es el respeto a la deliberación de
la Corte".
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