El fallo deja sin efecto las órdenes que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le giró al Ejecutivo para que cancelara los contratos que firmó con empresas privadas y en los que detectó diversas irregularidades.

Con esta medida, la Corte acotó las atribuciones y facultades que tiene la Auditoría, pues estimó que dicho órgano de fiscalización excedió sus atribuciones al girarle órdenes sobre esta materia al Ejecutivo, cuando sólo puede emitir recomendaciones.

Con seis votos en favor y cinco en contra, el presidente Fox ganó de esta manera uno de los juicios más importantes que ha promovido durante su sexenio en contra de la Cámara de Diputados.

El ministro Juan Díaz Romero, quien tuvo a su cargo la instrucción del juicio, propuso otorgarle la razón al Ejecutivo federal, declarar fundada su demanda y anular los oficios que le giró la Auditoría por considerar que excedió sus atribuciones.

La ASF detectó que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía incurrieron en por lo menos cinco violaciones a la Constitución, al otorgar permisos para la generación de electricidad.

Lo anterior, luego de dos auditorías que realizó con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2002 y a petición del senador Manuel Bartlett.

Mediante dos oficios la Auditoría le concedió a las dos instituciones un plazo de 45 días hábiles para cumplir sus instrucciones "y, además, rendir un informe sobre los actos que se realizarán bajo ese tenor, apercibidos de que, en caso de no hacerlo, se iniciarían los procedimientos de responsabilidad correspondientes".

En respuesta, el presidente Fox, a petición del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, promovió el 19 de mayo de 2004 una controversia en contra de los diputados y de la ASF para anular dichos oficios.